A partir del 1 de diciembre 2023 entra en vigor la directiva Whistleblowing de la UE que obliga a las empresas con 50 o más empleados a implementar un canal de denuncias.
El objetivo es facilitar las denuncias por parte empleados, clientes y proveedores de irregularidades en las empresas. Implementando un Sistema Interno de Información a través del cual poder comunicar irregularidades de forma segura, anónima y confidencial evitando represalias contra el denunciante.
El canal de denuncias debe garantizar la confidencialidad de la identidad del denunciante y de los implicados, permitir la presentación de denuncias tanto escritas como verbales, designar a una persona o equipo responsable para el seguimiento de las denuncias, mantener un registro de las mismas por un período de dos años, y emitir un acuse de recibo en un plazo no superior a 7 días.
El responsable del canal de denuncias debe ser una persona o un equipo que garantice imparcialidad y confidencialidad. Puede ser un empleado interno o un tercero externo. Es importante que tenga la capacidad de actuar con autonomía y sin conflictos de interés, y que posea conocimientos en la gestión de denuncias y en la normativa aplicable.
El canal debe permitir comunicaciones escritas y verbales, incluyendo la posibilidad de presentar denuncias de forma anónima. Debe asegurarse de que el sistema sea accesible y fácil de usar para todos los empleados y partes interesadas, y que se establezcan procedimientos claros para la recepción, gestión e investigación de las denuncias.
Las empresas con más de 249 empleados tuvieron un plazo de 3 meses hasta el 13 de junio de 2023. Las empresas de entre 50 y 249 empleados tienen un plazo de 9 meses hasta el 1 de diciembre de 2023. Los municipios con menos de 10.000 habitantes también tienen hasta el 1 de diciembre de 2023 para implementar su canal de denuncias o sistema interno de información.
